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Aforamiento: Óscar Puente deja el ministerio, pero el Supremo sigue siendo su juez hasta el 23 de diciembre

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El aforamiento de Óscar Puente se ha convertido en la pregunta jurídica de la semana. El BOE publicó el 4 de noviembre su cese como ministro de Transportes. Un día antes, Puente había anunciado en el Congreso su dimisión por «dignidad política» tras el accidente ferroviario de Urda. Antes de nada, nuestro respeto y nuestro recuerdo a las víctimas y a sus familias. Ahora bien, dejar el ministerio no significa dejar de estar aforado. Puente conserva la condición de diputado hasta el 23 de diciembre y, mientras tanto, el Supremo debe decidir si admite la querella presentada contra él. En Rodríguez & Mendoza Abogados creemos que conviene separar dos planos que a menudo se confunden. La dimisión responde a una lógica política; la responsabilidad penal, solo a la prueba.

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Dimisión de Puente: deja de ser ministro, pero no pierde el aforamiento

Según Infobae, el BOE oficializó el cese en una edición extraordinaria del 4 de noviembre. Carlos Cuerpo asume de forma transitoria el despacho ordinario de Transportes hasta que se forme el nuevo Gobierno. Con el cese, Puente pierde el aforamiento que el artículo 102 de la Constitución reserva a los miembros del Gobierno.

No obstante, conserva otro. El artículo 71.3 de la Constitución atribuye al Supremo las causas contra diputados y senadores. Y, según explica Estrella Digital, Puente es vocal suplente de la Diputación Permanente del Congreso. Por eso sigue siendo diputado pese a la disolución de las Cortes. El artículo 78.3 de la Constitución mantiene en funciones a la Diputación Permanente hasta que se constituyan las nuevas Cámaras, previsto para el 23 de diciembre. Ese día, por tanto, perderá también este aforamiento. Según ese medio, además, no recuperará el escaño tras las elecciones del 29 de noviembre, porque renunció a encabezar la lista.

Qué se le atribuye y qué debe decidir el Supremo

Vox presentó el 29 de octubre una querella ante el Supremo por delitos de imprudencia grave de los artículos 142 y 152 del Código Penal. Según Qué!, no le reprocha el cargo en sí, sino un supuesto incumplimiento de sus deberes de supervisión sobre la seguridad ferroviaria. Puente, en cambio, sostuvo en el Congreso que no tomó decisiones con consecuencias directas en las causas del accidente.

La querella todavía no ha sido admitida. Por tanto, Puente no está investigado por ningún tribunal y mantiene la presunción de inocencia. Además, según recoge Estrella Digital, el Supremo ya inadmitió el 22 de octubre una denuncia contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Recordó entonces que la responsabilidad penal es personal. Será la Sala de lo Penal quien valore si esta querella describe hechos concretos o solo una imputación genérica por el cargo.

El aforamiento tiene fecha de caducidad: qué pasa el 23 de diciembre

Aquí entra en juego un criterio que la Sala Segunda fijó en 2014 y aplicó la STS 869/2014, de 10 de diciembre. La competencia del Supremo sobre un aforado solo se consolida con el auto de apertura del juicio oral. Si el investigado pierde el aforamiento antes de ese momento, la causa sale del Supremo y pasa al juez ordinario.

Además, hay un precedente reciente y muy conocido. En febrero, José Luis Ábalos renunció a su escaño. Tras ello, el instructor envió a la Audiencia Nacional la pieza de obra pública, que no tenía juicio oral abierto. En cambio, la de las mascarillas, que sí lo tenía, siguió en el Supremo. Así lo recuerda Estrella Digital.

Aplicado a Puente, el escenario es claro. Si la querella sigue viva el 23 de diciembre y no ha llegado a juicio oral, lo previsible es que el Supremo se declare incompetente. En ese caso, la causa iría al juzgado ordinario. Según el mismo medio, todo apunta al Juzgado de Instrucción de Orgaz, que ya investiga el accidente bajo secreto de actuaciones. No obstante, será la jueza quien decida si la incorpora a esa investigación.

Responsabilidad penal de un ministro: el cargo no basta

En cualquier caso, con o sin aforamiento, el estándar para condenar es el mismo. La acusación debe probar una conducta propia y concreta de esa persona. También debe acreditar que infringió un deber de cuidado que le correspondía y que esa infracción causó el resultado. Cuando se reprocha una omisión, debe acreditar además que esa persona ocupaba una posición de garante frente al riesgo concreto.

Por ejemplo, el caso del Alvia lo ilustra bien. En enero de 2026, la Audiencia de A Coruña absolvió al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif. A su juicio, no se probó una omisión concreta que le fuera exigible ni que ocupara una posición de garante específica. En definitiva, la jerarquía no convierte a nadie en responsable penal de todo lo que ocurre por debajo.

Nuestra opinión: el aforamiento no protege, solo decide quién juzga

El aforamiento suele presentarse como un privilegio. Sin embargo, en realidad no impide investigar a nadie: solo cambia el tribunal. Hay quien lo defiende como una garantía para el ejercicio del cargo y quien critica que aleje estas causas de los juzgados ordinarios. Ambas posturas tienen argumentos.

Lo que no debería confundirse es la dimisión con una confesión. Un responsable público puede asumir responsabilidades políticas sin haber cometido delito alguno. Del mismo modo, mantenerse en el cargo no garantiza quedar al margen de un proceso penal. Mezclar ambos planos no ayuda a las víctimas, que merecen una investigación rigurosa, ni a la presunción de inocencia, que protege a todos.

Cuándo necesita un abogado penalista especializado

Las querellas contra cargos públicos y directivos exigen una defensa técnica desde el primer momento. Conviene contar con un abogado penalista en Madrid en estos supuestos:

  • Si es cargo público y una acusación popular presenta una querella por su gestión.
  • Cuando goza de aforamiento y necesita saber qué tribunal llevará su causa y hasta cuándo.
  • Si va a perder la condición de aforado y la causa puede cambiar de juzgado.
  • Cuando le atribuyen una responsabilidad por falta de supervisión sobre otros.
  • Si es directivo de una empresa pública o privada y le citan tras un siniestro grave.
  • Cuando necesita revisar su programa de cumplimiento penal con un abogado penal económico.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el aforamiento?

Es la regla que atribuye a un tribunal superior, como el Supremo, las causas penales contra determinados cargos. Afecta, entre otros, a diputados, senadores y miembros del Gobierno. No impide investigarlos: solo cambia quién lo hace.

¿Se pierde el aforamiento al dimitir?

Se pierde el aforamiento ligado al cargo que se abandona. Sin embargo, puede mantenerse otro, como el de diputado. Si la causa no ha llegado a juicio oral cuando se pierde, pasa al juez ordinario.

¿Dimitir supone reconocer la culpa?

No. La dimisión es una decisión política. La responsabilidad penal solo puede declararla un tribunal, tras un proceso con todas las garantías y con prueba suficiente.

Rodríguez & Mendoza | despacho de abogados penal en Madrid

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